Es recomendable que el alumno tenga un fácil acceso a internet y unos conocimientos mínimos de informática con vistas a la búsqueda de recursos y elaboración de materiales.

El/La estudiante, al finalizar esta asignatura, será capaz de:

• Avanzar en el desarrollo de su capacidad de análisis de la realidad jurídico-constitucional.
• Resolver casos y problemas jurídicos, tanto de forma individual como en grupo.
• Desarrollar de manera progresiva su capacidad de crítica ante las respuestas y soluciones que el Derecho va dando a los problemas actuales.
• Incrementar sus habilidades de expresión oral, escrita, así como el manejo de las nuevas tecnologías aplicadas al conocimiento de la materia (bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía, red informática, etc).
• Respecto a las competencias específicas, contará con las capacidades para poder:
• Familiarizarse con los conceptos básicos del Derecho constitucional.
• Conocer la aplicación de la Norma Fundamental a la realidad jurídica y política.
• Saber identificar los distintos tipos de derechos constitucionales, su problemática, sistema de garantías no solo a nivel interno sino foráneo, sobre todo de cara a resolver posibles conflictos normativos.

Partiré de que al alumnado, le falta de formación previa, sobre todo, en la dificultades para el razonamiento, fruto de una formación cada día más audiovisual habitualmente pasiva, que convierte a la persona en mero sujeto receptor, liberándole de cualquier tipo de esfuerzo por procesar la información recibida y aprehenderla. Por eso es fundamental no perder de vista que para alcanzar los objetivos asignados a la docencia del Derecho, en general, y del Derecho Constitucional, en particular, resulta imprescindible el empleo de una técnica en el método docente. No es posible la enseñanza del Derecho al margen del ordenamiento positivo del que la Constitución es la manifestación más excelente, pero la formación del jurista va más allá del conocimiento del derecho vigente. La metodología debe tender al dominio de la técnica jurídica, así como hoy en día interesa también que el alumno sepa orientarse en situaciones jurídicas nuevas puesto que vivimos en un mundo jurídico sometido a constantes transformaciones, o, aún más, que sea capaz de generarlas buscando en la norma nuevas soluciones más adecuadas. La implantación del “crédito europeo” representará que no sólo se deba computar el número de horas lectivas recibidas por el alumno, sino además el esfuerzo empleado por éste en la preparación de la asignatura. Así, el centro del sistema de educación universitario se ha desplazado de una enseñanza basada en la traslación exclusiva de información por parte del profesor a los alumnos, que la reciben pasivamente, a un aprendizaje en el que, además de la traslación por parte del profesor de un mínimo conceptual de información o de contenido de la materia, el estudiante debe desarrollar competencias, habilidades y aptitudes para el desarrollo profesional. Siendo consciente de que aunque es cierto que la Universidad, como servicio público, no puede articularse atendiendo única y exclusivamente a los criterios del mercado laboral, dichos criterios, sin embargo, tampoco pueden permanecer completamente ignorados si no queremos correr el riesgo de crear un cuerpo social universitario absolutamente decepcionado y desvinculado de la realidad. En este sentido, se ha señalado que los estudios  jurídicos que pretendieran convertirse en una fábrica de producción jurídica, tendrían una clientela estudiantil muy escasa y de poca utilidad social, y que, precisamente por este motivo, he creído primordial ocuparme de transmitir métodos y conocimientos orientados a la práctica profesional lo cual, evidentemente será  fundamental para que el aprendizaje sea óptimo que el entorno les sea natural a los estudiantes y en la actualidad pocas cosas les son tan “naturales” como los diversos instrumentos tecnológicos, que hacen posible, también en la docencia universitaria, un entorno reticular, móvil, instantáneo y ubicuo. He partido  de la Convicción de que el Derecho es la vía más eficaz para la resolución de problemas de derechos fundamentales y de los conflictos morales, políticos, sociales y económicos que hay detrás, y lo es por su vocación jurídica. En este contexto, la enseñanza-aprendizaje del Derecho Constitucional, que tiene como contenidos esenciales el sistema de fuentes del Derecho y la organización del Estado, ha adquirido una dimensión netamente aplicada basada en estrategias docentes que pretenden involucrar al estudiante en el estudio comprensivo y parcialmente autónomo de dichos contenidos superando la distinción entre teoría y práctica o, lo que es lo mismo, partiendo de la premisa de que el conocimiento de la materia debe demostrarse mediante instrumentos que evalúen la capacidad para su aplicación práctica. En este sentido, desde esta convicción en la importancia de la dimensión práctica del Derecho, en general, y del Derecho Constitucional, en particular, he incorporado a la Guía Docente de la asignatura el objetivo de desarrollar la capacidad del estudiante para la resolución de casos y problemas a partir del manejo de la legislación y la jurisprudencia, objetivo éste a través del cual se pretende trabajar, a saber, la competencia para resolver problemas y aplicación del conocimiento a la práctica, con su correspondiente desglose en capacidades y habilidades.